Inclusión laboral personas con discapacidad en Paraguay

Según el último informe de diciembre de 2022, publicado por la Secretaría de la Función Pública, el 5.4% de las instituciones públicas tiene en su nómica incluidos laboralmente al menos el 5% de personas con discapacidad, 51.50% menos del 5% y 40.2% no mantiene a ninguna persona con discapacidad trabajando.

En total se han incluido 2.690 personas con discapacidad. 1.679 hombres y 1.011 mujeres. El 76% tiene un contrato permanente, mientras que el 24% es temporal.

La SFP es la entidad responsable de velar por el cumplimiento de las normativas y leyes de inclusión laboral, sin embargo 17 de las 425 instituciones públicas del cuentan con un plan de inclusión vigente, homologado y registrado por la SFP.

Según la Ley 3585/2008 las instituciones públicas tienen la obligación de incorporar y mantener dentro de su plantel un porcentaje no menor del 5% del total de los funcionarios de cada dependencia pública, así como asignar áreas específicas de atención al público donde se encuentre personal capacitado en lengua de señas, al igual que el uso del sistema braille.

Por otra parte, el sector privado, de acuerdo a la Ley 4.962 dispone de normativa establecida que le permite recibir incentivos fiscales en favor de la inclusión laboral en sus establecimientos. Las empresas que las incorporan deben garantizar las condiciones de accesibilidad, infraestructura adecuada, equipos y capacitación de los funcionarios. Las empresas reciben a cambio exoneraciones fiscales especiales como una forma de incentivar la inclusión laboral.

Estan habilitados también cursos de emprendimiento y plan de negocios para personas con discapacidad y familiares directos, ademas de la posibilidad de fondos semilla para emprendedores con discapacidad, acompañada de asistencia técnica adecuada. (https://www.mtess.gov.py/noticias/ministerio-de-trabajo-entrega-capital-semilla-personas-con-discapacidad)

Para acceder a la iniciativa de inclusión laboral gubernamental, tanto en sector público como privado, las personas con discapacidad deben presentar el certificado de discapacidad del 33% en adelante y el potencial laboral expedido por la Senadis. Mas de 16.000 personas con discapacidad están en condiciones y a la espera de ser incluidas laboralmente en instituciones públicas o privadas. El sistema de monitoreo, control y cumplimiento de la normativa establecida es de crítica importancia para cumplir con el objetivo planteado. Es importante también facilitar la promoción y el incentivo de la empresa privada para desarrollar procesos de inclusión laboral en sus empresas.

Por otra parte la Ley No. 4951 de 2013, relacionada al fomento del empleo juvenil, respecto a las personas con discapacidad, se refiere a las modalidades de beca de trabajo, contrato de primer empleo formal y de aprendizaje para jóvenes que tienen al menos el 33% de discapacidad.

DERECHO A LA INCLUSIÓN LABORAL EN LA REGIÓN
15 países han puesto en marcha leyes y normativa para promover la obligatoriedad de incluir laboralmente a las personas con discapacidad en empresas públicas y privadas, con cuotas de entre el 1% al 5%, dependiendo de la candidad del número de trabajadores en la nóminca. En Ecuador, incluso, el cupo puede ser cubierto por familiares o personas que tengan a su cargo el cuidado de personas con discapacidad.

Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá, Perú, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, son países que a través de legislación, obligan a empresas públicas y privadas a contratar a personas con discapacidad dentro de la nómina de trabajadores.

Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Argentina han emitido leyes que obligan la incorporación de personas con discapacidad unicamente en instituciones púbicas y/o empresas privadas concesionarias de servicios públicos, dejando de lado al sector privado el concepto de obligatoriedad y estableciendo a cambio beneficios e incentivos económicos y/o tributarios.

En varios países se complementa esta decisión permitiendo a los empleadores tener beneficios tributarios, hacer una contribución financiera a un fondo especial y realizar donaciones a fundaciones o asociaciones que trabajan en proceso de inclusión laboral, como mecanismos válidos para cumplir con la cuota respectiva.

3 de 4 personas con discapacidad no tienen empleo y el 70% de esta población está en edad económicamente activa. La normativa se ha convertido en una importante herramienta de fomento del empleo que aún debe continuar perfeccionándose con un mejor control de cumplimiento y eficientes mecanismos de ejecución.

El teletrabajo debe ser considerada como una posible solución, a la falta de cumplimiento de la normativa ya que puede superar barreras arquitectónicas y de movilidad, que en muchos países siguen siendo discriminatorias.

La Fundación Incluidos, en su propuesta de promover la inclusión de las personas con discapacidad, trabaja en el desarrollo de su plataforma para incorporar la Bolsa de Empleo Online, que a través de un asistente virtual y en pocos pasos, se podrá cargar información relacionada a habilidades y preferencias, visualizar de manera inmediata las ofertas de empleo asociadas, iniciar el proceso y postular.

Buscamos a través de herramientas digitales unir esfuerzos, demandas y necesidades por cumplir con la ley, por incorporar PcD en las nóminas de las empresas, en capacitar y emprender. Vivimos en un mundo interconectado que necesita un punto de encuentro, una sola plataforma en la que se puedan encontrar ofertas y demandas.